Adoratrices es una de las 21 entidades firmantes de la iniciativa de Progestión y se ha adherido a su queja sobre la falta de citas para las huellas para las tarjetas de residencia en un plazo determinado, un trámite al que las personas migrantes que atiende en sus proyectos tienen el derecho y la obligación de realizar, tal como recogen la Ley 4/2000 y su Reglamento de desarrollo 227/2011.
Las entidades firmantes, todas ellas a cargo de programas de atención a personas migrantes en España, se han dirigido a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la Secretaría de Estado de Migraciones, al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Interior (Brigada de Extranjería y Fronteras), y han manifestado que la falta de acceso a este trámite es una vulneración de derechos fundamentales y de derechos humanos (derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derechos a la salud, derecho a la educación). Además, evidencia un deficiente funcionamiento de la Administración Pública, sin medios materiales y suficientes para dar respuesta a esta problemática.
Sin embargo, esta situación no es nueva. Desde hace unos tres años, lograr una cita previa para poder solicitar autorizaciones para personas en el ámbito de la extranjería es prácticamente imposible.
Actualmente, el colapso de la administración se ha extendido a la obtención de cita previa para tomar las huellas dactilares en comisaría y conseguir la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Esta situación conlleva una vulnerabilidad e inseguridad jurídica a personas extranjeras que, a pesar de poder acreditar los requisitos que las distintas autorizaciones requieren, no se les permite poder acceder a dicha solicitud.
Al no haber suficientes cupos para poder acceder a la entrevista en las oficinas de extranjería y poder entregar la documentación necesaria a fin de hacer efectiva su solicitud, se ha generado un negocio paralelo de venta de citas, un trámite que debería ser gratuito y al alcance de todas las personas interesadas.
Es por todo esto que las entidades firmantes piden al Estado que se responsabilice y actúe para garantizar que las personas migrantes puedan renovar sus tarjetas de residencia (TIE).
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