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Madrid, 15 de febrero de 2022.- Las personas migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan a innumerables trabas en el acceso y mantenimiento de una cuenta bancaria debido a las prácticas llevadas a cabo por las entidades bancarias que incumplen de manera reiterada la normativa actual. Así lo constatan las más de 300 incidencias recogidas por varias organizaciones sociales que, entre ellas Adoratrices.
En un comunicado hecho público en este martes 15 de febrero, las entidades explican que en el 80% de las incidencias recogidas se deniega la apertura de este tipo de cuentas por motivos contrarios a la legislación vigente (no reconocimiento de documentos de identidad válidos, como el resguardo de solicitud de protección internacional, documentación adicional que no está recogida en la normativa o cobro de altas comisiones, incluso en aquellas situaciones en las que se cumplen los requisitos para solicitar la gratuidad de este tipo de cuentas). De este modo, las trabas de las entidades bancarias vulneran el derecho de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a la inclusión financiera.
En el mes de junio de 2021, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) también alertaba de esta grave situación: “Ser titular de una cuenta bancaria es un derecho instrumental que permite contratar servicios básicos con entidades privadas y públicas, como el suministro eléctrico, de agua o gas, alquilar una vivienda, o percibir una prestación económica estatal o autonómica. Resulta prioritario por tanto garantizar este derecho para evitar la exclusión social y acabar con la discriminación indirecta que supone”.
Las entidades Adoratrices – Andalucía Acoge – Asociación Rumiñahui – Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Fundación CEPAIM. Acción integral con migrantes – Fundación APIP- ACAM – Movimiento por la Paz (MPDL) –ONG Rescate – Provivienda – Red Acoge – Red Interlavapiés – Refugees Welcome llevan casi dos años denunciado esta situación ante las propias entidades bancarias, el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el Ministerio de Consumo y diferentes grupos parlamentarios. Desde la Defensoría del Pueblo, esperan contestación desde el mes de mayo de 2021 de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional a las consultas que desde esta institución han realizado.
Más información: consulta la nota de prensa.